Reflexiones a propósito de la clase magistral del Dr. Raúl Chanamé Orbe en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Por David Torres Barreto
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que este año celebra sus 475 años de historia, volvió a demostrar que la tradición y la innovación no son conceptos opuestos. En el marco de las actividades conmemorativas de la Promoción 1993-1998 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el profesor Raúl Chanamé Orbe dictó una clase magistral sobre Constitucionalismo Digital, una materia que, lejos de pertenecer al futuro, constituye uno de los mayores desafíos jurídicos del presente.
La exposición no partió de conceptos teóricos. Comenzó mostrando cómo ha cambiado la realidad. El crecimiento sostenido del acceso a internet, la masificación de los teléfonos inteligentes, la expansión de las billeteras electrónicas como Yape y Plin, el teletrabajo, las plataformas digitales y la inteligencia artificial evidencian que la sociedad peruana ya desarrolla buena parte de su vida en un entorno digital.
El mensaje fue claro: la realidad cambió primero; el Derecho debe alcanzarla.
Una nueva realidad exige nuevas respuestas
Durante siglos, el Derecho ha evolucionado como respuesta a las transformaciones sociales. La revolución industrial modificó el Derecho del Trabajo. La globalización impulsó nuevas formas de regulación económica. Hoy, la revolución digital exige una evolución del Derecho Constitucional.
El profesor Chanamé recordó que el acceso a internet ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad cotidiana. Millones de personas trabajan, estudian, realizan operaciones bancarias, celebran contratos y ejercen derechos fundamentales mediante herramientas digitales.
No basta, entonces, con reconocer nuevos derechos en los textos constitucionales. Es necesario comprender que los derechos tradicionales —la libertad, la privacidad, la dignidad y la igualdad— deben proyectarse también hacia el espacio digital.
La otra cara del progreso
La conferencia no presentó la tecnología como una amenaza en sí misma. Por el contrario, reconoció sus enormes beneficios. Sin embargo, advirtió que toda innovación genera también nuevos riesgos.
La ciberdelincuencia constituye uno de ellos.
Las estafas informáticas, el robo de identidad, la manipulación de datos personales, la utilización indebida de imágenes, la desinformación y la capacidad de ciertos algoritmos para influir en las decisiones de los ciudadanos representan desafíos que hace apenas dos décadas resultaban inimaginables.
La delincuencia organizada ya no necesita únicamente controlar territorios físicos. Puede operar desde cualquier lugar del mundo mediante redes digitales capaces de afectar simultáneamente a miles de víctimas.
Por ello, el constitucionalismo digital no solo busca facilitar el uso de la tecnología, sino también establecer límites frente a su utilización para vulnerar derechos fundamentales.
Inteligencia artificial y dignidad humana
Uno de los aspectos más relevantes de la exposición fue la referencia a la doctrina contemporánea sobre inteligencia artificial y derechos humanos.
El profesor citó la propuesta de Luigi Ferrajoli, quien plantea que debe prohibirse y sancionarse cualquier aplicación de la inteligencia artificial o de la robótica capaz de vulnerar la dignidad, la privacidad y la libertad de las personas.
La reflexión resulta especialmente pertinente.
La inteligencia artificial ya interviene en procesos de selección de personal, decisiones financieras, publicidad personalizada, generación de contenidos, vigilancia, reconocimiento facial y análisis masivo de información. Ello obliga a preguntarnos quién controla a los algoritmos y cuáles son los límites constitucionales de esa tecnología.
El desarrollo tecnológico no puede significar una reducción de la libertad humana.
El Derecho del siglo XXI
Otro aspecto abordado durante la conferencia fue la transformación del trabajo.
La expansión del teletrabajo, el debate sobre el derecho a la desconexión digital y el incremento de la productividad impulsado por la tecnología obligan a replantear categorías jurídicas construidas para una realidad distinta.
Si las formas de producir han cambiado, también corresponde revisar los mecanismos mediante los cuales el Derecho protege al trabajador sin perder de vista la dignidad de la persona.
Una reflexión para San Marcos
Existe una coincidencia particularmente simbólica.
Nuestra promoción adoptó hace casi tres décadas el nombre de "50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Hoy, en una universidad que cumple 475 años de existencia, escuchamos una conferencia cuyo mensaje esencial consiste en proyectar esos mismos derechos humanos hacia el mundo digital.
Cambian las herramientas.
Cambian las tecnologías.
Cambian los riesgos.
Pero permanece inalterable aquello que constituye la esencia del constitucionalismo: la defensa de la persona humana frente a cualquier forma de poder.
Ese es, probablemente, el principal desafío del Derecho en el siglo XXI.
No se trata de construir una nueva Constitución para la tecnología.
Se trata de garantizar que los principios constitucionales de siempre continúen protegiendo la dignidad humana en una realidad profundamente distinta.
Y, como quedó demostrado en esta clase magistral, ese debate ya comenzó.
0 Comentarios