Durante años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido celebrada —con razón— como un bastión de protección frente a los abusos del poder estatal. Sin embargo, también ha sido objeto de una crítica cada vez más consistente: su tendencia a expandir el catálogo de derechos por vía interpretativa, tensionando el principio de legalidad y el consentimiento soberano de los Estados.
En ese contexto, el voto parcialmente disidente del juez Alberto Borea Odría, en el caso Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina (2025), marca un punto de inflexión. No es un voto menor ni aislado. Es, en rigor, una declaración de principios.
Un disenso que no niega derechos, sino método
Conviene decirlo desde el inicio: Borea no niega la gravedad de los hechos, no relativiza el dolor de las víctimas ni cuestiona la responsabilidad internacional del Estado argentino. Por el contrario, acompaña las reparaciones, las indemnizaciones, el reconocimiento del daño al proyecto de vida y la obligación de investigar.
Su disenso se sitúa en otro plano, más profundo y más incómodo: el plano del método jurídico.
El juez Borea rechaza que la Corte declare violado un supuesto “derecho autónomo a la verdad”, por una razón tan simple como contundente: ese derecho no existe como tal en la Convención Americana. Para él —y aquí está el núcleo de su valentía— la Corte no puede crear derechos nuevos por interpretación, porque hacerlo equivale a asumir funciones normativas que no le fueron conferidas.
En otras palabras: proteger derechos humanos no autoriza a sustituir al legislador internacional.
La verdad como efecto, no como derecho inventado
La posición de Borea es técnicamente sofisticada y conceptualmente limpia. La verdad —sostiene— no es un derecho autónomo, sino un contenido, una consecuencia o un efecto reparatorio que se desprende de derechos ya reconocidos:
- las garantías judiciales,
- la protección judicial,
- la integridad personal.
Esta distinción no es retórica. Tiene consecuencias institucionales enormes. Convertir cada necesidad moral en un “nuevo derecho” puede sonar progresista, pero erosiona la seguridad jurídica del sistema y debilita su legitimidad frente a los Estados.
Borea no reduce la protección; la ordena.
Valentía en un tribunal acostumbrado al unanimismo expansivo
El verdadero mérito de este voto no está solo en lo que dice, sino en el contexto en el que se dice. La Corte Interamericana —hoy más que nunca— opera bajo una lógica de consensos amplios, donde el disenso suele ser visto como una amenaza a la autoridad moral del tribunal.
Borea rompe esa inercia. Lo hace con respeto, con técnica y con coraje. Y, más importante aún, no queda solo.
Su razonamiento comienza a influir en la deliberación interna, obligando a otros jueces a afinar sus fundamentos, a explicitar límites y a justificar con mayor rigor cada paso interpretativo. No es una rebelión ruidosa; es una reconducción silenciosa del debate jurídico.
En términos reales, Borea está logrando algo poco común en tribunales internacionales: doblegar inercias, no mediante confrontación ideológica, sino mediante superioridad argumentativa.
Un llamado a la autocontención judicial
Otro aspecto relevante de su voto es su crítica a la supervisión indefinida del cumplimiento de las sentencias. Para Borea, una Corte fuerte no es aquella que lo controla todo, sino aquella que sabe cuándo retirarse y devolver la responsabilidad al Estado.
Esta idea —profundamente liberal y republicana— apunta a preservar el equilibrio entre jurisdicción internacional y soberanía democrática. Sin ese equilibrio, el Sistema Interamericano corre el riesgo de transformarse en un órgano de tutela permanente, más cercano a una administración que a un tribunal.
¿Por qué este voto importa hoy?
Porque introduce nuevos aires en una Corte que los necesita con urgencia:
- Reivindica los límites como garantía de legitimidad, no como obstáculo.
- Refuerza la seguridad jurídica, condición indispensable para la eficacia del Sistema.
- Devuelve centralidad al texto de la Convención, sin renunciar a la protección de las víctimas.
El voto de Alberto Borea Odría no debilita a la Corte Interamericana. Al contrario: la fortalece, recordándole que su autoridad no proviene de su capacidad de crear derechos, sino de su fidelidad al derecho.
En tiempos de activismo judicial sin frenos, este tipo de valentía —serena, técnica y solitaria— no es común. Precisamente por eso, merece ser destacada.
David Torres Barreto
Abogado

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