Estamos en enero de un caluroso 2025, pero la modorra parece no alcanzar al Tribunal Constitucional que, en el expediente N.° 00559-2024-PHC/TC LIMA ESTE —caso de un condenado por terrorismo—, parece, por fin, zanjar definitivamente el debate sobre la aplicación temporal de las normas que regulan los beneficios penitenciarios.
¿La fórmula? Recurrir al principio de legalidad y al tempus regit actum («el tiempo rige el acto»), principio que dicta que las normas aplicables son las que están vigentes en el momento en que se produce el hecho. Pues este par son, según el Tribunal, la clave para determinar qué legislación resulta aplicable en materia de beneficios penitenciarios.
POR EL SENDERO DE LA NO REDENCIÓN
Acontece que quien fuera un guerrillero de Sendero Luminoso recurrió al Tribunal con la premisa de que la normativa aplicable al momento en que obtuvo sentencia firme era el Decreto Legislativo 927, que permitía la redención de pena por trabajo y educación en un régimen de 7 x 1. Sin embargo, leyes posteriores, como el Decreto Ley 29936, modificaron estas disposiciones, excluyendo a los condenados por terrorismo de tales beneficios.
Esta exclusión fue considerada por el Tribunal como compatible con el principio de legalidad, ya que no se aplicó retroactivamente, sino conforme a la normativa vigente al momento de la «solicitud» del beneficio. Por el lado del tempus regit actum, se fundamentó en el artículo 57-A del Código de Ejecución Penal, que establece que los beneficios penitenciarios deben aplicarse conforme a la legislación vigente al momento de la «firmeza de la sentencia».
Sin embargo, en este caso particular, el razonamiento discurrió por otros derroteros y primaron los criterios objetivos de política criminal y prevención del delito, considerando que el régimen diferenciado para los condenados por terrorismo es garantía de seguridad pública y eficacia del sistema penitenciario, sin constituir por ello una pena adicional ni transgredir el principio de presunción de inocencia.
Huelga decir que se nos recordó que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías —sujetas a la evaluación de la conducta del interno, como lo señala la Casación N.° 2017-2021/Moquegua— que tienen, por tanto, un mero carácter instrumental.
Y voilà, fin del asunto para el otrora senderista.
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
¿Es esto algo sin precedentes? Por lo pronto, el artículo 63 del TUO del Código de Ejecución Penal, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1296, establece que «los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional se aplican conforme a la ley vigente en el momento de la sentencia condenatoria firme». Y de esta modificación hace ya nueve años.
Por su lado, esparcida a lo largo de la última década, jurisprudencia como la del Acuerdo Plenario N.° 2-2015/CIJ-116 y la Casación N.° 801-2022/Arequipa subraya la importancia de respetar la «firmeza» de la sentencia como hito temporal, criterio-garantía de previsibilidad y estabilidad jurídica. ¿Es decir? La forma de evitar que cambios legislativos posteriores alteren la situación jurídica ya consolidada del condenado.
E incluso en el límite, ante la ausencia de «normas transitorias», es sabido —desde la realización del IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en octubre de 2015— que el momento de firmeza de la sentencia será el «criterio rector» para la aplicación de leyes materiales en ejecución penal. Esto es coherente con la interpretación de la Corte Suprema, que reafirma que las leyes aplicables a los beneficios penitenciarios deben ser aquellas vigentes en el momento de la «consolidación de la sentencia condenatoria».
ARTURO SANSUY SEVILLA DAVID ANGEL TORRES BARRETO
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